Qué castiga el Código Penal en los delitos contra la Seguridad Social
El Código Penal dedica tres artículos al fraude a la Seguridad Social. El artículo 307 castiga a quien, por acción u omisión, defrauda a la Seguridad Social eludiendo el pago de cuotas, obteniendo devoluciones indebidas o disfrutando de deducciones indebidas, siempre que la cuantía supere los 50.000 euros. Para calcular esa cifra se suma lo defraudado durante cuatro años naturales.
El artículo 307 bis agrava la pena cuando la cuantía supera los 120.000 euros, cuando el fraude se comete dentro de una organización o grupo criminal o cuando se utilizan personas, sociedades o instrumentos interpuestos que dificultan identificar al responsable o el importe defraudado.
El artículo 307 ter se refiere a las prestaciones: castiga a quien las obtiene mediante engaño, las prolonga indebidamente o facilita que otros las obtengan, causando un perjuicio a la Administración. La ley aclara, además, que presentar los documentos de cotización no excluye por sí solo la defraudación si otros hechos la acreditan.
Qué penas prevé la ley
- Defraudación de cuotas de más de 50.000 euros (art. 307): prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía, además de la pérdida del derecho a subvenciones y beneficios públicos durante tres a seis años.
- Supuestos agravados (art. 307 bis): prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo, con pérdida de ayudas y beneficios durante cuatro a ocho años.
- Fraude de prestaciones (art. 307 ter): prisión de seis meses a tres años, o multa del tanto al séxtuplo si los hechos no revisten especial gravedad. Si el valor de las prestaciones supera los 50.000 euros o concurren determinadas circunstancias del artículo 307 bis, prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo.
La condena incluye también la responsabilidad civil: la deuda con la Seguridad Social y sus intereses de demora.
Pagar la deuda: cuándo evita o rebaja la pena
La regularización tiene efectos penales importantes. Según el artículo 307.3, si la deuda se paga completa antes de que se notifique el inicio de una inspección, o antes de que se presente querella o denuncia o se inicien actuaciones judiciales, el hecho deja de ser perseguible. En el fraude de prestaciones, el artículo 307 ter prevé la exención para quien reintegra lo percibido, con sus intereses, antes de esos mismos momentos.
Si el procedimiento ya ha empezado, el artículo 307.5 permite imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando, antes de que transcurran dos meses desde la citación como investigado, se paga la deuda y se reconocen los hechos. Por eso las primeras semanas tras la citación son decisivas.
El proceso penal no paraliza por sí mismo el cobro administrativo de la deuda, salvo que el juez acuerde suspenderlo con garantía.
Líneas de defensa habituales
- La cuantía: si está bien calculada, qué períodos se suman y si alguno ha prescrito.
- La conducta: si hubo ocultación o engaño, o un simple impago de cuotas declaradas. No es lo mismo, y la diferencia puede ser decisiva.
- La autoría: quién tomaba las decisiones en la empresa y qué conocía cada administrador o gestor.
- La regularización: si se pagó a tiempo y con qué efectos.
- Las prestaciones: qué datos se facilitaron, qué requisitos se discutían y si el perjuicio está acreditado.
Decisiones para preparar la defensa
Antes de responder a una citación conviene reunir requerimientos y documentación presentada anteriormente. Las explicaciones deben ser coherentes entre vías administrativa y penal. No deben alterarse registros ni preparar contratos ficticios para justificar retrospectivamente la situación.
Qué conviene revisar antes de actuar
La estrategia analiza cuantía, conducta, conocimiento y participación. Si se investigan prestaciones, debe precisarse qué información se facilitó y qué requisitos se discutían. La defensa también revisa medidas económicas y la relación entre deuda, sanción y responsabilidad penal.
Qué conviene revisar
- Liquidaciones, requerimientos y períodos afectados
- Nóminas, altas y documentos de cotización
- Contabilidad y decisiones de gestión relevantes
Preguntas frecuentes
¿Una deuda con la Seguridad Social basta para una condena penal?
No. Deben concurrir y acreditarse los elementos del delito aplicable. La existencia de deuda, su cálculo y una conducta defraudatoria son cuestiones relacionadas, pero no idénticas.
¿A partir de qué cantidad es delito defraudar a la Seguridad Social?
Cuando las cuotas eludidas o las devoluciones o deducciones indebidas superan los 50.000 euros, sumando lo defraudado durante cuatro años naturales (artículo 307). Por debajo de esa cifra, el fraude de cuotas se trata como infracción administrativa.
¿Pagar la deuda evita el juicio?
Si se regulariza antes de que se notifique una inspección, una querella o una denuncia, sí: el hecho deja de ser perseguible. Si se paga después, no evita el procedimiento, pero puede rebajar la pena en uno o dos grados si se hace dentro de los dos meses siguientes a la citación como investigado y se reconocen los hechos.
¿Es delito cobrar una prestación indebida?
Puede serlo si se obtiene o se prolonga mediante engaño y causa un perjuicio a la Administración (artículo 307 ter). Si se devuelve lo cobrado, con sus intereses, antes de una inspección o de una denuncia, la ley prevé la exención de responsabilidad penal.
Fuentes y referencias para ampliar
Compruebe la redacción aplicable a la fecha de los hechos y las particularidades del procedimiento.
